Lo estamos viviendo en carne propia. La vivienda y el territorio en su conjunto son una mercancía más. El precio del suelo sube en los centros de las grandes ciudades y se ventila la mitad o más de nuestro sueldo. El circuito se amplía hacia otros barrios y municipios.
La falta de regulación de los precios del alquiler, el escaso parque de vivienda pública y las políticas para atraer a fondos buitre han puesto alfombra roja a nuevas operaciones financiero-inmobiliarias. Los grandes propietarios del suelo y los capitalistas en suelo dirigen la especulación. No por sabido sobra repetirlo: esos rentistas no producen nada. Se dedican a comprar mercancías, especular con su precio futuro y conseguir más dinero. Les da igual si son viviendas, hoteles o frentes marítimos. No lo han hecho solos, ni siquiera son emprendedores. Han contando con la descomunal intervención del Estado.
Es así de crudo: en España no ha habido políticas de vivienda, sino políticas económicas asociadas a la conversión del territorio en mercancía. Los ciclos de auge de la economía española se han basado en burbujas internas de la vivienda para mantener la circulación del capital y sus tasas de crecimiento. Burbujas que no se han producido por leyes naturales, sino estatales [1]. La reproducción del poder de grandes propietarios, el rol del capital privado en el diseño de políticas públicas y los privilegios concedidos a nuevos actores financieros explican el problema de la vivienda. El resto del engranaje está formado por un ataque continuado a los salarios, el endeudamiento y la sociedad de consumo. La historia sigue y, aquí estamos, en pleno ciclo Blackstone.
Este es el escenario. Y no por deseo sino por obligación buscamos precios asequibles en otros lugares. No hay libre elección ni proyectos de vida meditados en esos movimientos. Nadie elige hacer una mudanza cada año ni se alegra de dejar atrás lazos sociales. Nadie sonríe por no llegar a fin de mes. Pero resulta que estos desplazamientos tienen impactos sociales y urbanos. Se rumorea que algunas personas con trabajos intermitentes y precarios en el ámbito cultural gentrifican los barrios de menor renta al instalar su taller o su actividad. “Tu street art me sube el alquiler”, dice una pintada. Y qué horror esa tienda de cupcakes que expulsa a los vecinos. Y esas políticas progres que reducen el tráfico y atraen a gente con mayor poder adquisitivo. Es bonito ese espacio que recupera la historia del barrio, pero… también gentrifica. En fin, quien más quien menos, todo quisqui gentrifica.
Cualquier acción que aumente el bienestar o la autenticidad de un barrio puede empeorar las condiciones de vida de quienes no pueden asumir la subida de precios. Si no se implementan medidas para revertirlo resulta que toda mejora empeora el barrio. No son pocos los barrios o municipios periféricos a las grandes ciudades donde se ha usado la cultura como pretexto para el desarrollo urbano. Sin ser algo nuevo, lo vemos ahora en Carabanchel o en Hospitalet, que según La Vanguardia quiere imitar a Brooklyn y ser un imán para el sector cultural. Los artistas, si asumen su rol funcional, son señalados como cómplices de la especulación. La clase media empobrecida que se desplaza del centro a la periferia, pues, también es culpable.
Pero… ¿en serio? ¿Para qué sirve este diagnóstico? ¿A dónde conduce demonizar a esos grupos sociales? Esta insistencia en el capital simbólico suele estar ligada a una normalización del capital económico ¿De verdad preocupan más los talleres de los artistas que “parasitan el barrio” que la distribución de la propiedad del suelo y sus agentes especuladores? Si el suelo estuviera bajo control y planificación colectiva el incremento de la distinción o del bienestar no serían un problema, más bien al contrario. El precio sube por la concentración de la titularidad privada del suelo, la especulación inmobiliaria y las garantías públicas a favor del capital financiero. Lo demás son consecuencias.
Sin embargo, es cierto, algo más complejo opera detrás de todo eso. Las estrategias que toman la cultura como pretexto para el desarrollo urbano pueden seducir a un espectro amplio de la población. Y no es porque todo el mundo prefiera una vida más espiritual o un barrio rodeado por estudios de coworking, sino porque esas políticas incluyen una promesa de reparto. Incluso pueden convencer a quienes se trasladan por obligación de que, en realidad, lo hacen por el bien del barrio.
LA PROMESA DE REPARTO COMO FORMA DE GOBIERNO
La clase no es algo dado, se produce en la práctica. Pero la pertenencia y el poder de clase no solo se construyen en procesos emancipadores organizados por quienes “menos tienen”, también pueden diseñarse desde estrategias verticales. Todo régimen de acumulación necesita producir formas de integración social. Dicho más fácil, los pelotazos urbanísticos son como la lotería de Navidad: tienen éxito en la medida que logran convencer a mucha gente de que el premio va a estar muy repartido. Al final se trata de producir unidad de intereses entre segmentos sociales con orígenes, intenciones y rentas muy diferentes. Todas las promesas, sean materiales o simbólicas, se basan en asegurar que la apertura de mercados de suelo produce beneficios colectivos
Estrategias como el Distrito Cultural de L’Hospitalet buscan unificar los intereses de élites financieras globales, gente adinerada de mentalidad progresista y artistas con patrones de vida en apariencia burguesa pero con menos ingresos que un asalariado de la SEAT. También intentan seducir a vecinos y vecinas con vidas precarias y que defienden los intereses del barrio o a antiguos comercios que se adaptan a las necesidades de los recién llegados. A esa mezcla se suman pequeños propietarios que quieren asegurar sus rentas inmobiliarias. Parece una salsa imposible de ligar, pero a veces cuaja. Un gestor cultural pobre puede percibirse a sí mismo como un actor económico clave en la “nueva economía del distrito creativo”. Tal vez es un mecanismo de defensa y auto-justificación para no asumir su verdadera posición social. Tal vez tiene que ver con la falsa conciencia y el desclasamiento. El caso es que todo ese coctel social puede quedar integrado en un proceso mayor donde cada cual lidia con sus “contradicciones” pero cree recibir respuesta a sus demandas particulares. Esa hegemonía diluye los conflictos entre intereses capitalistas y las necesidades sociales del barrio.
Pero no todo es relato. No todo es seducción. El capital necesita una geografía adaptada a sus intereses donde el relato creativo o cultural actúa como aglutinante. Para asegurar rentas de monopolio hacen falta políticas que privilegien unas formas de propiedad del suelo, políticas de mejora del territorio y políticas de expropiación y expulsión. A esto se suman los pactos entre capital local y global, programas urbanos especulativos para atraer inversión y alianzas público-privadas basadas en capital fijo (infraestructuras de movilidad, transporte, etc.) cuyos gastos pagamos entre todos pero que rentabiliza el sector privado. También hace falta responder otras demandas para asegurar consensos “legítimos” a escala local. Unos acceden a talleres de alquiler barato para producir su cultura o vender sus servicios. Otros reciben incentivos fiscales para invertir. Otros meten sus pisos en airbnb. Otros adaptan su antiguo suelo industrial al circuito financiero. Otros cumplen su “agenda de políticas para una nueva economía” y reciben votos. Incluso se puede asumir la cesión de algunos espacios comunitarios para salvaguardar el patrimonio popular del barrio. Ni es un reparto ni es equitativo, pero que la explotación parezca justa y democrática es la médula espinal del capitalismo.
En este proceso, como siempre, hay quienes quedan excluidos: colectivos y gentes que no están invitadas a las fiestas institucionales ni a los procesos participativos, mano de obra barata obligada a disputarse un puesto precario en el sector terciario, ciudadanía considerada de segunda o entidades, asociaciones y sindicatos que se niegan a comprar esa moto. Así funciona la gobernanza neoliberal. No es un proceso de deliberación entre iguales. Es una forma de gobierno que opera bajo una jerarquía en la sombra presentada como plural y democrática. Y si te quedas fuera, es porque no crees en tu ciudad.
ALIANZAS CON EL ENEMIGO DISPONIBLE
Para acabar con estos laboratorios de mercados de suelo, relatos y promesas, hay que tomar posiciones impuras y extrañas. Posiciones que no aparecen en los manuales y que se resuelven en la práctica política de cada territorio. Pero la cuestión primordial para una organización o un movimiento transformador es elegir al enemigo adecuado, que no siempre coincide con el enemigo disponible. De entre todos los actores e intereses envueltos en esta expoliación del territorio, ¿para qué sirve tomar como contraparte a la “clase creativa” o a la borrosa “clase media”? ¿No sería más útil entrar en conflicto con la jerarquía de poder que opera en la sombra? Para producir unidad de intereses desde abajo, ¿no sería una buena estrategia desvelar las alianzas entre actores políticos, económicos y financieros? Para poder golpear más fuerte a bancos, constructoras y fondos buitre, ¿no hace falta un diagnóstico propio que sindique a grupos sociales diversos?
La mercancía principal del circuito de acumulación sobre el territorio no es tanto un bien o un servicio cultural como el espacio y la producción de espacio. Pero, ¿de quién es la propiedad del suelo y qué agentes especuladores operan? ¿Es de capitalistas locales? ¿Familias ancestrales? ¿Capitalistas globales? ¿De la Iglesia? ¿Y cuáles son las empresas inmobiliarias atraídas por los planes urbanísticos? ¿Qué fondos buitre las conducen? ¿Se va a ampliar el parque de vivienda privada? ¿Quiénes están implicados –proveedores y deudores– en esas operaciones inmobiliarias? Por lo general, tenemos poquísima información sobre todo esto. También arrastramos una enorme carencia en la producción de alianzas heterogéneas, tanto sociales como territoriales.
En la década de los 60, Ruth Glass acuñó el término “gentrificación” para enmarcar las desigualdades de clase y las injusticias creadas por las políticas capitalistas de apertura de mercados de suelo urbano. La cosa se ha ido desmadrando y ahora se habla de gentrificación para señalar a todo tipo de culpables. No hace mucho, la editorial Katakrack ha publicado un ensayo de Lisa Vollmer que retoma su enfoque político originario. Vollmer analiza con colmillo activista la gentrificación y las alianzas necesarias para la transformación. También señala que en lugares como Hamburgo diferentes grupos de artistas se han organizado para protestar contra el desplazamiento de la gente con menos recursos. Esa unidad de intereses frente al poder financiero-inmobiliario suma más capacidades para desvelar las falsas promesas que seducen a una clase media subjetiva, pero objetivamente explotada. En Berlín, el movimiento Expropiate DW&Co, gracias a un amplio apoyo popular, ha empujado un referéndum para votar la expropiación de viviendas a empresas que posean más de 3.000 pisos. Un proceso que proviene de una lucha de más de 15 años, apuntando al verdadero enemigo y agregando en el movimiento a capas medias. El proyecto de ley estará listo el 17 de octubre y entrará en vigor en enero de 2020.
Mientras las dinámicas de revalorización urbana y del nuevo pelotazo construyen una hegemonía amplia con el bulo del reparto a través del mercado, no caigamos en la tentación de señalar a “los gentrificadores” como el pecado original. Cuando no sean funcionales a los intereses del capital, también serán expulsados. El verdadero antagonismo está frente a las alianzas de clase capitalistas que explotan el territorio y quieren saquear nuestros barrios. La Sareb ha vendido a un fondo de inversión de Texas más de 1500 viviendas, que recordemos provienen del dinero público. La ONU ha acusado a Blackstone, que a día de hoy es el mayor propietario de activos inmobiliarios en España, de alimentar la crisis de la vivienda. Afortunadamente, luchas como Raval VS Blackstone o el movimiento en defensa de la vivienda en Vallecas están poniendo luz frente a esos mastodontes financieros sin rostro y sus esbirros locales. Seguir el rastro del dinero es seguir el rastro del poder. Olvidemos por un momento el rastro de los cupcakes.
Rubén Martínez Moreno (La Hidra Cooperativa)
[1] Entre otras, la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario (1981), el Decreto Boyer (1985) y la Ley de Vehículos de Titulización (1992) durante gobiernos del PSOE o la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones (1998) del PP, que facilitó la conversión de los terrenos en urbanizables. En conjunto, estas políticas vincularon la propiedad de vivienda y el endeudamiento de los hogares con nuevas estrategias de acumulación en los sectores de la construcción y las finanzas. En plena crisis, en 2012, el gobierno del PP otorgó incentivos fiscales a las SOCIMI (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) que no pagan impuesto de sociedades. También modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos recortando los contratos de 5 a 3 años. De ahí, la nueva espiral de precios en el mercado del alquiler.
P.D: artículo publicado en el blog personal de Rubén Martínez «Ley Seca» y en la web «La nativa.cat«
